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@yovaro2011-09-07
Conceptos para la construcción de una Política de Estado: Seguridad y Justicia en Democracia del Foro Internacional convocado por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.
La información disponible contiene y demuestra un acelerado crecimiento de la violencia en nuestro País, la convivencia en las familias, en comunidades y ciudades atraviesan crisis. Dolorosa y dramáticas manifestaciones figuran en la multiplicación y diversificación de la delincuencia, violencia e inseguridad.
Diagnósticos y estrategias para contener y acabar con éstos fenómenos son insuficientes, la seguridad y justicia en los municipios están cercadas por fronteras infranqueables derivadas del modo histórico de hacer las cosas o de las limitaciones de cualquier tipo entre los muchos ejemplos disponibles.
El impacto de la corrupción en las instituciones y la participación de la sociedad en ella nos obliga a reconocer que toda propuesta en Política de Estado será estéril si no se toman decisiones y realizan acciones contundentes conjuntas, desde las altas responsabilidades públicas y liderazgos privados para reducir las prácticas de corrupción e impunidad. Debe comenzarse por las malas prácticas insertas en los circuitos de alta jerarquía y hacia abajo para incluir hasta la más modesta ventanilla de atención y trámites.
Los datos para describir la dimensión del reto en Seguridad y Justicia inician por su adecuada definición para identificar la solución ¿Quiénes deben ser los actores del cambio?:
Corresponsabilidad de todos los actores sociales es prioridad para celebrar un pacto político social de base amplia que permita reorientar a las Instituciones de Seguridad y Justicia, es condicionante para una Reforma profunda que ningún actor social permanezca al margen.
Responsabilidad para garantizar seguridad jurídica y política la tiene el Estado mexicano en conjunto con cada ámbito de gobierno. La política debe estructurarse con un horizonte nacional, anclada en la vida local de las comunidades y diseñada a partir de la diversidad de vida a lo largo y ancho del País.
Interés nacional debe prevalecer en los actores Institucionales, Sectoriales y Partidistas para subordinar sus decisiones para que la diversidad Política sea un factor de cambio y no de estancamiento. La politización de la Seguridad y Justicia es el riesgo mayor que enfrentamos en ésta crisis.
Estado de Derecho para su fortalecimiento necesita la participación de todos los actores sociales y compartir responsabilidad de trabajo y liderazgo para sostener un esfuerzo de largo aliento.
Metodología para definir: Políticas Públicas, Políticas de Seguridad y Justicia e instrumentos de implantación que no pueden operar bajo criterios dominados por la intuición ò siguiendo usos y costumbres. Es imperativo soportar criterios con metodología que centralice la información, diagnóstico y evaluación, vinculando toma de decisiones con conocimiento científico.
Cada líder del poder público, tiene responsabilidad especial en su participación: Congreso de la Unión y Entidades, Poderes Judiciales, Organismo Autónomos de Derechos Humanos, Consejo Nacional contra las Adicciones, Sistema Nacional de Seguridad Pública, Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer.
Es indispensable que Legisladores recaben, escuchen, analicen y debatan los planteamientos de la sociedad, Jueces deben conducir los procesos y resolver las controversias con estricto apego a la ley, medios de comunicación, académicos, sociedad civil y cada individuo desde el lugar que ocupa en la sociedad debe hacer escuchar sus opiniones, destacar los problemas existentes, exigiendo soluciones y participar en su construcción.
Después de identificar nuestro lugar podremos asumir responsablemente nuestra participación, para avanzar con plena capacidad ciudadana y convertirnos en AGENTES DE CAMBIO.
P.D Plantear un cambio estructural en la relación Estado con la sociedad.
