Seguidores

Suscripciòn

EDITORIALES

Anudar el hallazgo


La historia del día en la palabra de hoy:


La palabra de ayer, la perdida, la del miedo, la excusa
La del mañana, con incógnita, magia e incertidumbre
Y una sola palabra con intensidad, anudar y vivir el hoy.


Siempre ahora.








(Iniciamos 366 historias)
08 de enero 2015

jueves, 9 de septiembre de 2010

La promulgación del Plan de Ayutla

México enfrentaba un problema político a mediados del siglo XIX: consolidarse como nación soberana e independiente. Las pugnas por el control del gobierno entre los grupos conservadores y liberales impedían la construcción de instituciones sólidas y permanentes, desembocando en periodos constantes de anarquía e inestabilidad nacional.



En abril de 1853, el general Antonio López de Santa Anna, apoyado por el grupo conservador, asumió la Presidencia de la República por enésima ocasión. Santa Anna no tuvo límite alguno para ejercer el poder con facultades omnímodas, siendo elevado al rango de Alteza Serenísima. Su gobierno se caracterizó por vulnerar las libertades públicas, destituir a funcionarios y perseguir hasta lograr su exilio a destacados liberales, así como por la centralización del poder en su persona.


En su exilio en Nueva Orleans, Benito Juárez, Melchor Ocampo y José María Mata, entre otros, esperaban el momento oportuno para regresar a México para iniciar la lucha contra el dictador.


Su evaluación de la vida política no era equivocada. Eran conscientes de la existencia de la inconformidad social y del origen de un movimiento de rebelión. El gobierno centralista entraría en un conflicto que evidenció los enormes agravios hechos a la Nación.


La manifestación del descontento popular se expresó el 1º de marzo de 1854, cuando en la hacienda La Providencia, localizada en el estado de Guerrero, el coronel Florencio Villarreal hizo un llamado para terminar con la dictadura, mediante la promulgación del Plan de Ayutla, formulación en la que participaron figuras como Juan N. Álvarez, Ignacio Comonfort, Trinidad Gómez, Diego Álvarez, Tomás Moreno y Rafael Benavides, todos jefes militares de tendencia liberal.


El documento como propósito fundamental señalaba la destitución del dictador y la designación de un presidente interino que convocara a un Congreso Extraordinario, el cual tendría el carácter de Constituyente, para organizar al país como República representativa y popular, creando una ley fundamental adecuada a las necesidades y características de la Nación.


El 11 de marzo de 1854, Ignacio Comonfort propuso algunas modificaciones al Plan original con el consentimiento de todas las fuerzas rebeldes, manifestando claramente la indignación pública hacia el gobierno santanista, lo cual dio inicio la Rebelión de Ayutla.


Juan N. Álvarez e Ignacio Comonfort fueron los jefes más notables del movimiento subversivo. El primero, como destacado general brigadier de amplia experiencia militar y exgobernador de Guerrero; el segundo, estupendo estratega, quien en la inercia del movimiento antisantanista adquirió el carácter de general en jefe de las tropas de Michoacán, a cuyo mando tomaría las plazas de Zapotitlán y Colima.


El presidente López de Santa Anna encabezó la tarea militar de aniquilarlo al enterarse del levantamiento, creyendo que se enfrentaba a una revuelta menor, sin embargo, en su intento de apoderarse del puerto de Acapulco fracasó, cuando Comonfort se resguardó en el Castillo de San Diego y derrotó su ofensiva, Comonfort partió hacia Estados Unidos en busca de recursos económicos y armamento para el movimiento revolucionario.


El general Juan N. Álvarez al mando, regresó Comonfort, con un abastecimiento de recursos militares importantes, el movimiento opositor al general Santa Anna adquirió mayor fuerza y penetración, extendiéndose hacia los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán y Jalisco.


Derrotadas las fuerzas santanistas a mediados de 1855, las plazas de Jalisco y Colima fueron ocupadas por los grupos rebeldes, victorias con las cuales podía considerarse triunfante el Plan de Ayutla. El 9 de agosto del mismo año, Santa Anna abandonó la Ciudad de México; días después redactó un manifiesto en la ciudad de Perote, por medio del cual renunció al cargo de presidente de la República.


Con la proclamación del Plan de Ayutla se inició el período que culminaría con la organización del Congreso Constituyente de 1856, y con la promulgación de la Constitución Política de 1857, texto constitucional que estableció los principios políticos fundamentales que rigen la vida ciudadana del país. El Plan de Ayutla plasmó el ímpetu del pueblo mexicano para limitar el abuso del poder y terminar con la violación de las garantías de libertad, pensamiento y acción, y representó un esfuerzo colectivo en la búsqueda y establecimiento de una Nación más justa, libre y soberana.


Con el triunfo de la revolución de Ayutla, llegó al poder una nueva generación de liberales, casi todos civiles. Entre ellos, Benito Juárez, Melchor Ocampo, Ignacio Ramírez, Miguel Lerdo de Tejada y Guillermo Prieto. Una junta nombró presidente interino al general Juan N. Álvarez y después a Ignacio Comonfort.


Juan N. Álvarez es nombrado Presidente Interino de la República, el 4 de octubre de 1855, renuncia al cargo dos meses más tarde. Defendió los derechos de los campesinos, escribió un libro con dicho título, otro donde analiza la condición del peón en los estados de Morelos y Guerrero. Murió en su hacienda "La Providencia", en Guerrero el 21 de agosto de 1867 y el 27 de diciembre de 1922 sus restos fueron trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres en la Ciudad de México.


La presidencia de Ignacio Comonfort convocó a un Congreso que trabajaría en una nueva constitución, su equipo preparó algunas leyes que promovieron cambios importantes.


La Ley Juárez (por Benito Juárez), de 1855, suprimía los privilegios del clero y del ejército, declaraba a todos los ciudadanos iguales ante la ley.


La Ley Lerdo (por Miguel Lerdo de Tejada), de 1856, obligaba a las corporaciones civiles y eclesiásticas a vender las casas y terrenos que no estuvieran ocupando a quienes los arrendaban, para que esos bienes produjeran mayores riquezas, en beneficio de más personas.




La Ley Iglesias (por José María Iglesias), de 1857, regulaba el cobro de derechos parroquiales.